El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado el proceso para aprobar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, una medida solicitada por la Unión Europea para reducir la contaminación en las grandes ciudades. Esta ordenanza restringirá progresivamente el acceso de los vehículos más contaminantes a la ciudad durante los próximos tres años y medio, con algunas excepciones.

 

Para 2025, no se aplicarán multas; sin embargo, en 2026 se comenzará a vetar la entrada de vehículos contaminantes matriculados fuera de la provincia de Valencia, incluyendo sanciones para estos. En 2027, la restricción se ampliará a los vehículos registrados en cualquier municipio fuera de Valencia, y para 2028, la prohibición afectará a todos los vehículos contaminantes dentro de la ciudad. Las restricciones se aplicarán a turismos, motocicletas y ciclomotores con la etiqueta A de la Dirección General de Tráfico (vehículos de gasolina con más de 27 años y vehículos diésel con más de 22 años). No obstante, camiones, furgonetas y autobuses quedan exentos debido a su reducido porcentaje en las matrículas de la ciudad, según la concejalía de Movilidad.

 

Las excepciones son clave para nuestro sector de Distribución a HORECA, ya que los vehículos asociados a actividades económicas podrán acceder a la ciudad. Estas excepciones garantizan la «protección de los intereses económicos y sociales». Otros vehículos exentos incluyen taxis y transporte público, personas con movilidad reducida, familias numerosas, familias con menores de tres años, vehículos con embarazadas y vehículos de emergencias y servicios esenciales.

 

La ZBE abarcará 27,8 kilómetros cuadrados, delimitados por la Ronda Nord, Tarongers, Serrería y Bulevar Sud, manteniendo además la ZBE de Ciutat Vella. En 2028, con la plena aplicación de las restricciones, el Ayuntamiento se comprometerá a ofrecer un título gratuito de la EMT para las personas afectadas por las prohibiciones, válido hasta la compra de un vehículo nuevo o por un período de dos a tres años.

 

Para implementar la ZBE se instalarán 278 cámaras de acceso en 68 puntos de control, con sanciones de hasta 200 euros por incumplimiento. Estas medidas están destinadas a mejorar la calidad del aire y reducir los agentes contaminantes.